16 Ene
Brexit Parlamento

Brexit: inquietud en el Parlamento Europeo por los derechos de los ciudadanos

El Parlamento Europeo reclama garantías de que se protegerán los derechos de los ciudadanos para dar su aprobación al acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE.

En una resolución aprobada ayer miércoles, 15 de enero, con 610 votos a favor, 29 en contra y 68 abstenciones, los eurodiputados recalcan que tendrán en cuenta “la experiencia adquirida y las garantías ofrecidas” en materia de derechos de los ciudadanos.

La Cámara muestra especial preocupación por el sistema de registro británico y critica que no se ofrezca un documento físico como prueba del derecho a residencia y las escasas facilidades y asistencia a los ciudadanos para utilizarlo.

Los eurodiputados también cuestionan la nueva autoridad independiente del Reino Unido prevista en el acuerdo de retirada y plantean el establecimiento de un mecanismo conjunto PE-Reino Unido para verificar la correcta aplicación de todas las disposiciones.

La resolución pide al Reino Unido y a los otros 27 Estados miembros campañas informativas y de sensibilización e insiste en que la UE debe aplicar un enfoque “coherente y generoso a la hora de proteger los derechos de los ciudadanos británicos residentes en su territorio.

El martes, el pleno debatió la cuestión con la presidencia croata de la UE y con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Acuerdo de retirada

Para entrar en vigor, el acuerdo de retirada debe ser aprobado por el Parlamento Europeo por mayoría simple de votos emitidos (Artículo 50(2) del Tratado de la UE). El pleno votará el texto una vez completado el proceso de ratificación en Reino Unido.

La segunda parte del acuerdo de retirada protege a los ciudadanos de la UE en Reino Unido y del Reino Unido en la UE, así como a sus familias. Según sus disposiciones, todos los derechos de seguridad cubiertos por la legislación comunitaria deben mantenerse y los derechos de los ciudadanos extenderse a toda su vida.

Todos los procedimientos administrativos han de ser transparentes. La correcta aplicación de estos términos será verificada por una autoridad independiente con competencias similares a las de la Comisión Europea.

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