11 Abr

TJUE: en caso de resolución de la contrata es lícito abonar una indemnización inferior en caso del contrato de obra (fin de contrato) con respecto al contrato indefinido (indemnización por despido objetivo)

Importante sentencia dictada hoy, 11 de abril de 2019, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el contrato por obra o servicio.

En ella determina que no es discriminatorio y, por tanto no vulnera la normativa comunitaria, abonar distinta indemnización en caso de extinción de un contrato de trabajo por tiempo indefinido por concurrir una causa objetiva respecto a la indemnización de menor importe abonada al finalizar un contrato de trabajo por obra o servicio.

El TJUE se pronuncia hoy sobre los asuntos acumulados C‑29/18, C‑30/18 y C‑44/18, que tienen por objeto tres peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

La sentencia del TJUE
La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la española según la cual, en una situación como la controvertida en los litigios principales, en la que la resolución de la contrata celebrada por el empresario y uno de sus clientes ha provocado:

1. Por una parte, ha tenido como consecuencia la finalización de los contratos de trabajo por obra o servicio que vinculaban a dicho empresario con determinados trabajadores.

2. Por otra parte, ha dado lugar al despido colectivo, basado en una causa objetiva, de trabajadores fijos contratados por dicho empresario. La indemnización por extinción de la relación laboral abonada a los primeros es inferior a la concedida a los trabajadores fijos.

Los argumentos del TJUE
El TJUE determina que se deduce de la definición del concepto de «contrato de duración determinada» que figura en la cláusula 3, apartado 1, del Acuerdo Marco que un contrato de este tipo deja de producir efectos para el futuro cuando vence el término que se le ha asignado, pudiendo constituir dicho término una fecha precisa, la producción de un acontecimiento o, como en los casos de autos, la finalización de una tarea concreta.

De este modo, las partes de un contrato de trabajo de duración determinada conocen, desde el momento de su celebración, la fecha o el acontecimiento que determina su término.

Este término limita la duración de la relación laboral, sin que las partes deban manifestar su voluntad a este respecto tras la conclusión de dicho contrato (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de noviembre de 2018, de Diego Porras, C‑619/17, EU:C:2018:936, apartado 71 y jurisprudencia citada).

En cambio, razona la sentencia, la extinción de un contrato fijo por una de las causas previstas en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, a iniciativa del empresario, tiene lugar al producirse circunstancias que no estaban previstas en el momento de su celebración y que suponen un cambio radical en el desarrollo normal de la relación laboral (sentencia de 21 de noviembre de 2018, de Diego Porras, C‑619/17, EU:C:2018:936, apartado 72 y jurisprudencia citada).

Como se deduce de las explicaciones del Gobierno español, el artículo 53, apartado 1, letra b), del Estatuto de los Trabajadores requiere que, en tal caso, se abone al trabajador despedido una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicio precisamente para compensar el carácter imprevisto de la ruptura de la relación laboral por una causa de esta índole y, por lo tanto, la frustración de las expectativas legítimas que el trabajador pueda albergar, en tal fecha, en lo que respecta a la estabilidad de dicha relación.

Por otra parte, procede señalar que, cuando los contratos de trabajo se extinguen por una de las causas previstas en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, el Derecho español no establece ninguna diferencia de trato entre trabajadores con contrato de duración determinada y trabajadores fijos comparables, ya que el artículo 53, apartado 1, letra b), de dicho Estatuto establece una indemnización legal equivalente a 20 días de salario por año de servicio en favor del trabajador, independientemente del carácter determinado o indefinido de la duración de su contrato de trabajo.

En definitiva, concluye el TJUE, el Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional según la cual, en una situación como la controvertida la indemnización por extinción de la relación laboral abonada a los empleados con contrato por obra o servicios es inferior a la concedida a los trabajadores fijos.

Pinche aquí para acceder al texto completo de la sentencia.

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