25 Abr

Tribunal Supremo: mientras se sigue procedimiento penal por un siniestro en materia de PRL, se suspende el procedimiento administrativo si hay conexión entre ambas actuaciones

El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia en la que determina que mientras se sigue un procedimiento penal por un siniestro para depurar responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales, se suspende el procedimiento administrativo si existe conexión entre unas y otras actuaciones.

La suspensión se alza cuando el proceso penal termina sin sanción por ilícito penal, pues lo impone el principio “non bis in idem” (sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2019, en unificación de doctrina y que reitera la doctrina de la STS de 15 de diciembre de 2015).

El caso concreto enjuiciado
La cuestión planteada en el presente recurso de casación unificadora, consiste en determinar los efectos que en la tramitación de un expediente administrativo sancionador por falta de medidas de seguridad en el trabajo, cuando por los mismos hechos se siguen actuaciones penales.

La sentencia recurrida contempla un caso en el que, tras un accidente laboral que provocó lesiones graves a un trabajador se abrió un expediente administrativo sancionador por falta de medidas de prevención que quedó en suspenso por haberse iniciado un proceso penal por un presunto delito contra los trabajadores.

A raíz de la conversión del proceso penal por delito en juicio de faltas por lesiones número 899/2012, por Auto de 31 de mayo de 2012 , se acordó por la Administración alzar la suspensión del procedimiento sancionador y continuar el mismo que acabó por resolución de 13 de julio de 2012 del Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de una sanción de 20.491 euros de cuyo pago era responsable la empresa VM sanción de cuyo pago era responsable solidario la empresa G.

Esta sanción es la impugnada en las presentes actuaciones donde, sustancialmente, se alega la violación del principio “non bis in idem”, por no haberse paralizado las actuaciones administrativas.

En las actuaciones penales recayó, el 19 de marzo de 2014, sentencia, cuya firmeza no consta, condenando a los gerentes de las dos empresas como autores de una falta de lesiones por imprudencia del artículo 621-3 del Código Penal al pago de una multa, así como a indemnizar en 667.207’81 euros al lesionado, indemnización de cuyo pago eran responsables la compañía aseguradora de forma principal y de forma subsidiaria las dos empresas.

La empresa G recurrió ante la jurisdicción contencioso administrativa la resolución sancionadora de 13 de julio de 2012, donde se dictó sentencia anulando la resolución administrativa porque debió esperarse a la resolución penal firme cuyos hechos probados vinculaban en el posterior proceso administrativo sancionador.

La sentencia recurrida, sin embargo, confirma la sanción impuesta a las mercantiles, pese al proceso penal en curso, al entender que no concurren las identidades subjetivas y objetivas necesarias, porque:

1. El proceso penal se sigue contra personas individuales y el administrativo contra las sociedades que aquellos dirigen.
2. Porque las infracciones imputadas en cada caso son distintas.

La sentencia del Tribunal Supremo
Frente al criterio del TSJ de Andalucía, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por la representación legal de VM contra la sentencia dictada el 29 de junio de 2016 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, revocando la sentencia de instancia y anulando la resolución administrativa impugnada.

El Tribunal Supremo deja claro que la doctrina correcta es la contenida en su sentencia de 15 de diciembre de 2015, que determina que “el principio de supremacía del orden penal (art.133 Ley 30/1992 ; art. 3.1 LISOS) se basa en la imposibilidad de imponer una doble sanción por los mismos hechos”.

Esa articulación procedimental del non bis in idem, razona el Supremo, no solo se orienta a impedir el resultado de la doble incriminación y castigo a un mismo sujeto por unos mismos hechos; también se pretende evitar que recaigan eventuales pronunciamientos de signo contradictorio como consecuencia de la sustanciación simultánea o sucesiva de dos procedimientos -penal y administrativo atribuidos a autoridades de diferente orden.

Precisamente para evitar que se dicten resoluciones (judiciales y administrativas) contradictorias, los órganos jurisdiccionales penales, recuerda el Supremo, tienen atribuido con carácter prioritario el enjuiciamiento de los hechos que prima facie se muestren delictivos. Esta atribución preferente descansa en la competencia exclusiva de este orden jurisdiccional en cuanto a la imposición de sanciones por conductas constitutivas de delito “y no en un abstracto criterio de prevalencia absoluta del ejercicio de su potestad punitiva sobre la potestad sancionadora de las Administraciones públicas, que encuentra también respaldo en el Texto Constitucional” (STC 177/1999)”.

A todo esto se suma, deja claro el Supremo, que el artículo 3.2 LISOS no contempla la exigencia de triple identidad (hechos, sujetos, fundamento) para que opere la paralización del procedimiento administrativo sancionador. Pero cuando tal precepto habla de que “las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito penal” hay que llevar la locución a su sentido lógico y contextual.

Para que haya “infracciones” debe existir alguien a quien atribuirlas pues “constituyen infracciones administrativas en el orden social las acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables tipificadas y sancionadas en la presente Ley y en las leyes del orden social” (art. 1.1 LISOS)”.

Y en el presente caso, determina el Supremo, la sentencia recurrida yerra al estimar que no existen las identidades de sujetos, hecho y fundamento, porque, como dice nuestra doctrina, el art. 3-2 de la LISOS no requiere esa triple identidad, sino que, cual se deriva del inciso final del nº 4 de ese artículo, lo que se requiere es una conexión directa entre las actuaciones administrativas y las penales que tienen preferencia y obligan a suspender el procedimiento administrativo en esos casos.

Y ello ocurre en el presente caso, pues el procedimiento penal se inició para depurar las responsabilidades penales derivadas de un accidente laboral por falta de medidas de prevención y el Auto del Juzgado de Instrucción que resolvió que no había delito sino falta nada vino a cambiar al respecto, cual evidencia la condena de los directivos como autores de una falta de lesiones por imprudencia consistente en la no adopción de medidas de seguridad que hubieran evitado el siniestro, así como a reparar el daño causado por él, obligación de la que también eran responsables las dos mercantiles que los empleaban.

Una conexión más directa no podía exigirse porque en el proceso penal, aunque se tratase de un juicio de faltas, se depuraban las responsabilidades penales y civiles de los dos directivos condenados y de sus empleadoras. Consecuentemente, concluye la sentencia, el principio “non bis in idem” hacía improcedente el alzamiento de la suspensión del procedimiento administrativo y la imposición de la sanción cuya anulación se pide.

Finalmente, el TS señala que el hecho de que no conste la firmeza de la sentencia penal que condenó por una falta de imprudencia a los gerentes de las mercantiles obliga a precisar dos cuestiones:
1. Era a la Administración demandada a quien correspondía probar que en el proceso penal había recaído resolución firme que la facultaba para alzar la suspensión y sancionar si el fallo no era condenatorio.
2. En caso de haberse puesto fin al proceso penal sin condena por un ilícito penal, puede continuar el expediente sancionador respetando los hechos que los Tribunales hayan declarado probados, cual establece el art. 3-3 de la LISOS.

Por todo ello, da la razón a la empresa y anula la resolución administrativa impugnada, sin perjuicio del derecho de la Administración demandada a alzar la suspensión del procedimiento administrativo, caso de que la sentencia penal sobre los hechos enjuiciados haya sido revocada y no exista pronunciamiento condenatorio en los términos señalados en el último fundamento de esta resolución con remisión al artículo 3-3 de la LISOS.

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